El incumplimiento en plazo de las obligaciones de información puede dar lugar a requerimientos formales por parte de la Administración para que se subsane la falta.

Si el incumplimiento persiste, pueden imponerse sanciones económicas, que variarán según la normativa aplicable y la gravedad de la infracción.

Además, puede generar otras consecuencias como la pérdida de ayudas, dificultades en la gestión administrativa o incluso responsabilidades adicionales si se causa perjuicio a terceros o a la propia Administración.